LEY DE COSTAS

La Ley 22/1988 de Costas entro en vigor el 29 de julio de 1988.

La ley establece la necesidad de realizar un deslinde del dominio público marítimo-terrestre, es decir, establecer una línea que determine el límite entre el terreno que pertenece al mar y las playas, y qué es de carácter público; y el terreno interior, susceptible de pertenecer y ser gestionado por particulares. La realización de este deslinde correspondía a las delegaciones provinciales de la Dirección General de Costas.

El Hotel Algarrobico nunca ha invadido el dominio público marítimo-terrestre.

Además de la zona que pertenece al dominio público, la ley establece que el terreno inmediato a la ribera del mar, que no es parte de dominio público, está afectado por una serie de servidumbres. Normalmente las zonas afectadas a estas servidumbres forman franjas paralelas a la ribera del mar.

Servidumbre de tránsito. Tiene como objetivo permitir la libre circulación de los ciudadanos a lo largo de la costa. Recae sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos.

Servidumbre de protección. Recae sobre una franja de 100 metros ampliables medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar,  y se reduce a 20 metros en los terrenos ya clasificados como suelo urbano o urbanizable cuando la ley entró en vigor. En esta franja se admiten algunos usos, como el cultivo o las instalaciones deportivas descubiertas. No se admite en esta zona  construir edificaciones destinadas a residencia o habitación. Algunas actividades pueden ser autorizadas por razones de utilidad pública acreditadas.

Las franjas de servidumbre de tránsito y de servidumbre de protección, son de de dominio o propiedad privadas.

La Ley de Costas ha sido acusada en las instituciones europeas de ser excesivamente complicada y de falta de coordinación entre las administraciones que tienen que aplicarla.